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La gente empezará a caminar y VAMOS pavimentará los caminos del desarrollo. Las instituciones públicas salvadoreñas han perdido la confianza de los ciudadanos por la alta percepción de corrupción e impunidad. Todo ello eso desincentiva la participación y la fiscalización ciudadana ya que existe la sensación de que “nada va a cambiar”. Al observar la evolución de El Salvador en rankings internacionales, se destaca un continuo retroceso en la calidad de las instituciones, lo cual es el resultado de pocas o malas reformas. Al respecto, en el Índice de Percepción de la Corrupción, el país se ubicó en la posición 112 en 2017, retrocediendo 61 lugares al compararlo con 2004.

Se calcula que el Estado ha crecido en los últimos en 40,000 plazas de servidores públicos y que en 2019 podría rondar las 170,000 con un costo aproximado de US$ 2,600 millones. Muchas instituciones han sido utilizadas para crear plazas para activistas que se reparten entre los partidos políticos que “voluntariamente” ceden un porcentaje de su salario a los partidos que les llevaron a ocupar ese cargo. Por otro lado, el gasto de funcionamiento alcanzó en 2017 un 17.8% del PIB (ICEFI, 2018).

Por otra parte, no hay una relación directa entre la carga tributaria (17.4% en 2016), el gasto de funcionamiento, la cantidad de servidores públicos en el Estado con la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, agua potable y saneamiento, transporte público, entre otros. Además, el Estado se ha caracterizado por una burocracia excesiva, lo que le resta eficiencia y competitividad al país. Asimismo, los gobiernos locales no han asumido adecuadamente sus competencias y se han convertido en meros entes prestadores de servicios administrativos, pero con un gran potencial que no ha sido aprovechado.

E-GOB

VAMOS será el primer gobierno digital en la historia de El Salvador. Con ello pretendemos eliminar la excesiva burocracia, mejorar la eficiencia, acercar los servicios y combatir la corrupción. Para ello debemos dotar al país de las autopistas digitales de tal manera que todo habitante de este país pueda acceder a una conexión a internet rápida y segura, desde su casa, desde su dispositivo móvil o desde accesos públicos en las escuelas públicas, en las bibliotecas de la red nacional, en los espacios públicos, en las alcaldías o instituciones de gobierno, en donde no tendrá ningún costo.

Esto también pasa por preparar una serie de condiciones como la alfabetización digital desde los primeros años de escolaridad de los niños y en cada etapa de la vida. Ningún salvadoreño debe quedar fuera de la era digital para poder hacer uso de los servicios del gobierno. Por otra parte, se requiere de la creación de un registro único de las personas cuya información se almacenará en su DUI. En él se almacenará información tributaria, médica, policial, penal, entre otras, a la que solo podrá acceder su titular. Todas las instituciones tendrán en línea sus servicios para que toda la población pueda hacer uso de ellos, así como la información técnica y financiera para hacer más transparente su gestión.

Uno de los principales objetivos de digitalizar el gobierno es que mejoremos los índices de competitividad porque reduciremos la burocracia, los trámites, los tiempos de espera, las colas, los desplazamientos y los papeles. Tenemos como meta que El Salvador sea un HUB internacional para los emprendedores y por ello facilitaremos la creación, consolidación y crecimiento de los emprendimientos y empresas. En 2021 una empresa se creará solamente en 2 horas, y pondremos a la disposición de emprendedores y empresarios espacios digitales para el desarrollo de sus iniciativas.

EL PODER DE LA GENTE

La tardanza en la respuesta a las demandas de los ciudadanos por parte de las instituciones obedece a su distancia, a la poca capacidad para cubrir todo el territorio, y a la baja capacidad técnica de sus funcionarios. En ese sentido, VAMOS a hacer un análisis responsable de las competencias de los diferentes niveles de administración y de gobierno para generar un acuerdo para clarificar qué le corresponde a quién con el fin de distribuir en base a criterios de eficiencia las funciones y los recursos para cada uno de ellos.

La recuperación de los territorios tiene una relación directa con la presencia del Estado en sus diferentes expresiones, particularmente de aquellas instituciones que llegan hasta los caseríos más lejanos como educación, salud, agua y seguridad. Por ello se debe acercar la toma de decisiones a nivel departamental con el fin de atender necesidades urgentes como de infraestructura, material, recursos financieros de manera eficiente y transparente. Por otro lado, el traslado de competencias a las municipalidades requiere un consenso sobre quién es más eficiente para asumirlas.

Creemos en la capacidad y en la ventaja comparativa de los gobiernos locales para asumir determinadas competencias, sea de forma total o parcial. De ese acuerdo de traslado de competencias dependerá la transferencia de recursos del FODES, y de nuevos instrumentos de financiación que se pudieran crear. Para definir nuevas transferencias debemos calcular el costo de cerrar las brechas en cada área y además definir qué nivel de gobierno lo puede hacer con los estándares requeridos, en menor tiempo y al menor costo posible.

A la base estará la participación ciudadana que, de manera organizada y ordenada en el marco de la ley, hará una priorización y una fiscalización de todas las obras y de la inversión que se realice en el territorio. El financiamiento de dichas obras se podrá complementar con la inversión de recursos de cooperación y de los salvadoreños en el exterior, a través de herramientas financieras que garanticen la transparencia y la eficiencia. Estamos dispuestos a pedir una licencia sin goce de sueldo para el Presidente y el Vicepresidente si en 3 años no alcanzamos los resultados propuestos en este plan.

EMPLEADOS DE LA GENTE

VAMOS será un gobierno moderno, eficiente y basado en el mérito. Necesitamos en todos los niveles de las instituciones mujeres y hombres altamente capacitados, honrados y con alta vocación de servicio. Toda persona que trabaja en el Estado es empleada de los salvadoreños y se debe a ellos, por lo que debe estar capacitada y motivada para prestar el mejor servicio, empezando por los miembros del gabinete de ministros quienes deberán día a día entregar resultados para continuar en el cargo.

VAMOS a promover la reforma de la función pública con el fin de hacer al gobierno más eficiente, transparente y cercano a la gente. VAMOS a lograr un consenso con los sectores involucrados: gobierno, empleados públicos y ciudadanía. La reforma permitirá que toda persona que desee trabajar en el Estado se pueda preparar y acceder a los concursos que garantizarán que el proceso de selección sea abierto, transparente y competitivo. Con ello se rompe con el clientelismo político que ha caracterizado a todos los gobiernos.

Además, se debe implementar una política salarial que estandarice las escalas bajo el principio “a igual trabajo igual remuneración”, independientemente de la institución para la que labore. El ascenso será regulado de manera transparente basándose en los años de experiencia, la formación adquirida y el desempeño. Asimismo, se regula el cese de labores. Esta política comprende también el fortalecimiento de la institución encargada de la formación de cuadros.

FRENAR LA CORRUPCIÓN

No puede volver a pasar que en este país desaparezcan $300 y $350 millones en nuestras narices y que ninguna institución se diera cuenta. Eso indica que los sistemas de control fallaron y habría que deducir responsabilidades. El costo de la corrupción es muy alto porque dejamos de invertir en las prioridades del país y vuelve al país poco atractivo para las inversiones porque se vuelve más caro y no genera incertidumbre jurídica.

Para combatir frontalmente la corrupción muchas de las medidas antes propuestas contribuirán grandemente y complementarán el Sistema Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción que tendrá a la base la reforma y fortalecimiento de la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y el Tribunal Supremo Electoral para que puedan intercambiar información de forma automatizada y con ello controlar cualquier transacción sospechosa de dinero o activos de los funcionarios públicos presentes y pasados, así como de sus familiares o colaboradores. Asimismo, se hará de la tecnología y la inteligencia en el combate a la corrupción por lo que se dotará a las instituciones del equipamiento y personal capacitado para dichas labores.

Además, se propone una serie de medidas que fortalecerán la labor de las instituciones del sistema. En primer lugar, se promoverá una veeduría ciudadana en todos los procesos de licitación y contratación. En segundo lugar, se pondrá a disposición de forma oficiosa la información financiera, así como se harán transparentes todas las partidas del presupuesto, sin excepción. En tercer lugar, se promoverán sanciones más severas a los partidos políticos que reciban financiamiento ilícito, llegando hasta su cancelación. En cuarto lugar, se promoverá la no prescripción de los delitos de corrupción y la revisión del fuero para los funcionarios públicos para que no sea usado para protección en casos de corrupción.